El Consejo de Ministros está listo para autorizar la creación de 50 nuevas plazas para jueces y 42 para fiscales especializados en violencia de género. Este movimiento surge como respuesta al aumento anticipado de la carga de trabajo derivado de una nueva legislación enfocada en mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia, especialmente para los tribunales dedicados a casos de violencia de género.

Esta legislación exige que, a partir de octubre de 2025, los tribunales que manejan violencia de género también gestionen casos relacionados con delitos sexuales, incluso si no existe relación entre el perpetrador y la víctima. Esto ha llevado a los jueces de este sector a expresar preocupaciones sobre una posible sobrecarga del sistema.

El aumento en las plazas de jueces y fiscales es el resultado de un acuerdo entre el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con los Tribunales y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Fuentes del gobierno destacan que esta expansión se espera que incremente el número de jueces especializados en España en casi un 50%, donde actualmente hay 116 tribunales de este tipo.

El gobierno había anunciado previamente la creación de alrededor de 50 nuevos tribunales para violencia de género. Inicialmente, el plan era establecer menos nuevas plazas y convertir tribunales de instrucción existentes en tribunales especializados. Después de negociaciones con el CGPJ, se decidió priorizar la creación de nuevos tribunales mientras se reducían las conversiones. Por lo tanto, de las 50 nuevas plazas aprobadas, 42 son completamente nuevas, mientras que solo ocho implican conversión. Cada nueva plaza de juez se corresponderá con una posición de fiscal especializado.

Un estudio del CGPJ estimó un incremento promedio del 12.9% en la carga de trabajo para los tribunales de violencia de género debido a la nueva ley. Este impacto varía entre comunidades y distritos judiciales, oscilando entre el 20% y el 2.79%, dependiendo de las características regionales y los recursos disponibles.

Se proyecta que el aumento más significativo en la carga de trabajo se presente en los tribunales de Cataluña y las Islas Baleares, con estimaciones del 20.25% y el 19.60%, respectivamente. Otras regiones como Murcia, Galicia, La Rioja y Navarra anticipan aumentos entre el 17% y el 18%. En el extremo inferior, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Aragón y el País Vasco esperan incrementos menos dramáticos.

Guiado por este estudio del CGPJ, el gobierno ha decidido la distribución de las nuevas plazas entre las comunidades, considerando la población y el número actual de tribunales: 10 en Andalucía, seis en Madrid, cinco en la Comunidad Valenciana, cuatro cada uno en Cataluña, Galicia y las Islas Canarias, tres cada uno en Castilla-La Mancha, las Islas Baleares y Extremadura, dos cada uno en Murcia y Castilla y León, y uno cada uno en Aragón, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

El decreto también incluye el establecimiento de secciones especializadas para violencia contra niños y adolescentes en distritos judiciales específicos: Madrid, Barcelona y Málaga.