Aunque no existe una definición oficial de un "santuario", el término se refiere generalmente a estados, ciudades y jurisdicciones que ofrecen protección y beneficios como atención médica y educación a inmigrantes indocumentados, que la administración federal no proporciona. La Administración Trump ve a estos gobiernos locales y estatales como no cumplidores de las leyes federales de inmigración debido a su falta de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la detención y deportación de migrantes indocumentados.

Actualmente, hay alrededor de 14 estados identificados como estados santuario, según KFF. Sin embargo, la presión federal persistente, incluidas las amenazas de acciones legales y recortes de fondos federales, junto con sus propias limitaciones presupuestarias, está disminuyendo su disposición a apoyar a los inmigrantes indocumentados. Notablemente, Illinois, California y Minnesota ya han anunciado reducciones en los servicios proporcionados a estas personas.

En Illinois, se presentó recientemente una propuesta de presupuesto al Congreso, que incluye la eliminación de la asistencia médica para adultos indocumentados de entre 42 y 65 años. Esta decisión se alinea con la iniciativa del gobernador demócrata JB Pritzker de dar la bienvenida a los migrantes indocumentados, pero refleja la necesidad de ahorrar aproximadamente $400 millones al retirar la cobertura médica de casi 33,000 personas, dadas las realidades fiscales del estado.

Los legisladores latinos que se oponen a estos recortes han estado abogando por la continuación de la asistencia médica para aquellos mayores de 65 años sin estatus migratorio legal. "Es desgarrador. Y no significa que el costo desaparecerá", declaró la representante Lisa Hernández, enfatizando la carga financiera de las visitas a la sala de emergencias para estas personas. "Este programa en realidad era una forma más rentable de abordarlo", agregó, según informó el Chicago Sun-Times.

El impulso de los estados gobernados por republicanos para eliminar beneficios para los inmigrantes indocumentados se justifica con afirmaciones de que sobrecargan las cuentas públicas. Los defensores de estas políticas argumentan que proporcionar asistencia médica reduce costos al prevenir enfermedades y evitar visitas a salas de emergencia. Los estudios también muestran que los inmigrantes indocumentados contribuyen más en impuestos a las arcas públicas de lo que reciben a cambio, ya que generalmente no son elegibles para beneficios.

Illinois no está solo en esta situación. El presupuesto propuesto de Minnesota también incluye recortes a la asistencia médica para adultos indocumentados. En 2023, el gobernador Tim Walz, un ex candidato a la vicepresidencia demócrata, promulgó una ley que amplía la cobertura de seguros públicos a personas sin estatus legal. Más de 20,000 personas se han inscrito, incluidos unos 3,000 niños, que todavía tienen acceso a seguros médicos. Aunque Walz lamenta los recortes, los considera necesarios debido al déficit presupuestario del estado.

"Ofrecer algo por nada, especialmente atención médica gratuita, se vuelve extremadamente popular", comentó el representante estatal republicano Paul Torkelson. "El número de inmigrantes indocumentados que participan en este programa ha más que duplicado las expectativas en menos de dos años." Torkelson destacó que los costos del programa han aumentado de un proyectado de $196 millones en cuatro años a $550 millones.

California, conocida por dar la bienvenida y proteger a un gran número de migrantes, también está reduciendo beneficios. El presupuesto fiscal del gobernador Gavin Newsom para 2025-26 propone congelar las inscripciones de personas indocumentadas en el programa Medi-Cal. Los 1.6 millones de inscritos indocumentados conservarán el acceso a los servicios de salud, pero deberán pagar una cuota mensual de $100.

Aunque estos estados santuario financian sus programas a través de sus propios recursos, la Administración Trump está ejerciendo presión al amenazar con recortar fondos federales si continúan proporcionando servicios a inmigrantes indocumentados. La "gran y hermosa" ley de los republicanos, que ha pasado por la Cámara de Representantes y ahora está en el Senado, penaliza a los estados que utilizan sus propios fondos para apoyar a los migrantes indocumentados. La posible pérdida de miles de millones de dólares en las arcas estatales pone en peligro la continuación de estos programas.

Barreras para la Educación

La Administración Trump también ha apuntado a la ayuda educativa para estudiantes indocumentados. Trump firmó una orden ejecutiva oponiéndose a las leyes estatales que "ofrecen matrícula de educación superior estatal a extranjeros, pero no a ciudadanos estadounidenses de otros estados." Aproximadamente 24 estados y el Distrito de Columbia proporcionan tasas de matrícula iguales a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, y algunos incluso ofrecen becas a estudiantes indocumentados.

Florida, anteriormente no discriminatorio respecto al estatus migratorio, comenzará a aplicar estos cambios a partir del 1 de julio, requiriendo que los estudiantes sin permisos de residencia paguen tarifas de matrícula de fuera del estado. Esto se alinea con las políticas del gobernador Ron DeSantis, un aliado firme de Trump en la cruzada antiinmigrante del presidente.

Lista Negra del DHS

La última iniciativa de la Administración Trump en su represión contra los inmigrantes indocumentados implica la compilación de una lista negra de jurisdicciones que considera santuarios. "Estos políticos de ciudades santuario ponen en peligro a los estadounidenses y a las fuerzas del orden al proteger a inmigrantes ilegales criminales y violentos", declaró la Secretaria del DHS Kristi Noem en un comunicado de prensa.

El pasado jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una lista de aproximadamente 500 jurisdicciones amenazadas con represalias por no cooperar con las autoridades de inmigración. "Este memorándum marca un nuevo intento de la Administración Trump de forzar a los estados y condados a renunciar a sus derechos constitucionales para promulgar políticas que consideren adecuadas para proteger a sus residentes. El DHS no tiene la autoridad para dictar leyes locales y estatales", declaró Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York.

La lista fue compilada con base en varios factores, incluidos si las ciudades o localidades se identificaban como jurisdicciones santuario, su cumplimiento con las autoridades federales de inmigración y sus protecciones para personas indocumentadas, según el DHS.

Varias entidades en la lista protestaron por su inclusión, a pesar de su apoyo a Trump. En California, Huntington Beach fue incluida a pesar de desafiar la ley santuario del estado y aprobar una resolución este año declarándose una "ciudad no santuario". Jim Davel, administrador del condado de Shawano en Wisconsin, afirmó que la inclusión de su comunidad fue un error administrativo, señalando que el 67% de su condado votó por Trump. Para el domingo, la lista había sido eliminada del sitio web del DHS.

La presión del gobierno ha llevado a algunos funcionarios públicos a evitar que sus ciudades sean etiquetadas como santuarios. Por ejemplo, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Bowser, ha eliminado la designación y solicitado la derogación de una ley que limita la cooperación con las autoridades de inmigración.

Mientras tanto, el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, afirmó en X que Baltimore "no es una ciudad santuario", debido a su falta de control sobre las prisiones. La cooperación entre cárceles y ICE, que involucra la transferencia de información de detenidos, es una medida que el gobierno fomenta a través de acuerdos 287g con las autoridades locales. "Sin embargo, somos una ciudad acogedora y no nos disculpamos por ello. Somos mejores gracias a nuestros vecinos inmigrantes y no los traicionaremos ante esta Administración", agregó Scott.