El poder judicial chileno, liderado por el juez Alejandro Aguilar del Tribunal de Apelaciones de Santiago, ha dado un paso histórico al abordar el tema de las adopciones ilegales de niños, que ocurrieron entre 1970 y 1990. El lunes, Aguilar inició el primer procesamiento relacionado con el secuestro de niños durante este período. Además, ha solicitado la extradición de la ex jueza Ivonne Gutiérrez desde Israel, quien se encuentra entre los acusados.

En un movimiento audaz, el juez Aguilar ha ordenado la detención preventiva de cuatro individuos por asociación ilícita, secuestro de menores y prevaricación en la adopción irregular de dos niños de San Fernando, ubicado a 140 kilómetros al sur de Santiago. Estos niños fueron entregados a parejas extranjeras.

Aguilar ha rechazado firmemente la noción de que estos delitos prescriban, ya que representan crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990). En consecuencia, estos actos deben ser castigados de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entre los acusados se encuentran Ivonne Gutiérrez, Ismael Espinoza, Carlos Vega, Laura Sánchez y Sylvia Vilches, todos enfrentando cargos de asociación ilícita. Gutiérrez, quien anteriormente se desempeñó como jueza en el tribunal de menores de San Fernando, enfrenta cargos adicionales de secuestro de menores y prevaricación. Espinoza, Vega y Sánchez están siendo procesados como autores de secuestro de menores.

La saga comenzó en 2014, cuando surgieron las primeras acusaciones de robo de bebés tras un reportaje de investigación del medio digital chileno CIPER. Mario Carroza, un entonces juez que ahora sirve en la Corte Suprema, encabezó una investigación judicial sobre las adopciones irregulares, la mayoría de las cuales fueron internacionales, ocurriendo entre 1970 y 1999. Esta investigación acumuló cientos de casos, con estimaciones que sugieren que el número de niños afectados podría alcanzar los 20,000.

La investigación sobre estas adopciones, que comenzó en 2017, inicialmente comprendía 342 casos y desde entonces ha superado el millar. Generalmente, estos bebés robados fueron adoptados por familias en países como Suecia y Estados Unidos, lo que llevó a numerosos reencuentros emotivos décadas después.

El juez Aguilar, el cuarto magistrado en supervisar este caso, ha descubierto una red operando en San Fernando durante la década de 1980. Esta red incluía abogados, sacerdotes católicos, miembros de organizaciones sociales, trabajadores de la salud y un juez, todos colaborando para identificar y entregar en adopción a niños de madres pobres a parejas extranjeras, a veces involucrando pagos de hasta $50,000.

Una víctima compartió su experiencia desgarradora, afirmando que no se le proporcionó información sobre el paradero de su hijo. Cuando buscó respuestas, le informaron que su bebé había sido llevado a los Estados Unidos, enfatizando que nunca había consentido la adopción de su hijo.

Invocando la Convención Europea de Extradición, que entró en vigor en Chile el pasado domingo, el juez Aguilar ha solicitado que Israel extradite a Gutiérrez, quien actualmente reside allí.