El 1 de junio de 2025, la nación presenció uno de los ejercicios electorales más defectuosos en su historia, marcado por irregularidades generalizadas. Antes de los eventos de este día, un cuerpo legislativo había entregado sus poderes soberanos a una entidad administrativa-constitucional. Una mayoría en la legislatura se aseguró a través de la complicidad de un tribunal hace tiempo alejado de sus deberes judiciales. Las decisiones en el Senado surgieron de las sombras de transgresiones pasadas y amenazas inminentes. Distorsiones geográficas elaboraron electorados con fines específicos, mientras que boletas complicadas facilitaron el engaño. Anulaciones ostentosas y desdeñosas marcaron el proceso, con conteos de votos retrasados para ajustar a los ganadores, llevando a resultados separados de la intención del electorado.

Tras un ejercicio de votación tan irregular y mientras el conteo y declaración de ganadores se avecina, se hace pertinente cuestionar la fuente de legitimidad para los jueces venideros. ¿En qué base se apoyarán estos funcionarios en su trabajo diario de impartir justicia? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para entender su autopercepción, los principios que guían sus acciones judiciales y los estándares que abrazarán.

La primera fuente potencial de legitimidad para los nuevos jueces podría derivarse del carisma atribuido a López Obrador, expresado a través de su ambición de reformar el poder judicial eligiendo a sus líderes mediante el voto popular. En este escenario, los nuevos funcionarios judiciales podrían asumir que, dado que su líder logró enmendar la Constitución de esta manera, su legitimidad se deriva de su carisma o voluntad. Si los jueces adoptaran esta creencia, su justicia se impartiría en su nombre, trascendiendo su mandato o presencia terrenal.

Una segunda vía para la legitimidad podría buscarse en los votos asegurados por Claudia Sheinbaum para la presidencia. Sus treinta y tres millones de votos podrían ser percibidos como un mandato que dirige las acciones judiciales futuras, ya sea debido a su importancia personal o la creencia de que el mandato electoral debería guiar la justicia. Bajo esta suposición, la justicia impartida se alinearía con la presidenta, su mandato y los votantes que la apoyaron a lo largo del diverso paisaje demográfico del país.

La tercera posibilidad es que los jueces perciban su legitimidad como derivada del proceso electoral realizado el 1 de junio de 2025. Su derecho a ocupar y ejercer sus funciones judiciales está fundamentado en la elección celebrada ese día. A pesar de los defectos legislativos, problemas procedimentales y baja participación electoral, fueron elegidos y deben actuar en consecuencia.

Suponiendo este último escenario como base de legitimidad, los jueces necesitarían reconocer que su autoridad está arraigada en la elección. Sus discursos, escritos y compromisos de campaña forman la base de sus acciones. Las promesas hechas a votantes potenciales y reales deberían influir en sus decisiones. Los acuerdos con partidos políticos, sindicatos, organizaciones criminales, empresas, abogados o cualquier grupo de apoyo deben ser honrados.

Después del sombrío espectáculo electoral, la pregunta sobre la legitimidad de los jueces permanece, junto con los compromisos y lealtades que asumieron. Aunque se espera que estén comprometidos con la Constitución, las leyes, la democracia o el pueblo mexicano, el marco general de potenciales legitimidades debe ser considerado para contextualizar las acciones de los nuevos jueces. A través de este marco, identificar a quién o qué están obligados los jueces electos se vuelve posible, no a través de palabras sino acciones.

Al entender la legitimidad electoral asumida por los nuevos jueces, podemos discernir dónde y cómo están intentando construir su legitimidad. Observando los argumentos que emplean para tomar decisiones, presentarse a su electorado previo o a aquellos que buscan para la reelección, congraciarse con grupos políticos que habilitaron su candidatura, satisfacer a grupos que facilitaron la movilización electoral, o mitigar las repercusiones de no cumplir con lo que una vez aceptaron con entusiasmo o ingenuidad.