En una conmovedora carta de 11 páginas dirigida al Ministerio Público, Olmedo López expresa su profundo sentido de traición por parte de la fiscalía. Como colaborador clave en la revelación de un escandaloso caso de corrupción que infiltró los niveles más altos de la administración del presidente Gustavo Petro, López ahora se siente olvidado. Afirma haber roto un "pacto de silencio" para avanzar en la investigación, solo para encontrarse en las sombras.

López se posiciona como un testigo ejemplar, declarando: "Mientras otros continúan negociando su silencio, yo ofrecí mi verdad completa", enfatizando que lo hizo con gran riesgo personal, sin realizar acuerdos oscuros. Insiste en que su testimonio fue crucial para implicar a figuras como Sandra Ortiz, una exasesora presidencial.

La carta siguió al rechazo por parte de un juez del acuerdo de culpabilidad de López con la fiscalía, que había propuesto una sentencia de seis años de prisión y una multa de 724 millones de pesos. El juez consideró la pena "insignificante" dada la gravedad de los delitos de López, que incluían malversar más de 25,000 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de USD) del estado. El Ministerio Público no impugnó la decisión.

López critica el silencio de la fiscalía, interpretándolo como un abandono ensordecedor que lo deja vulnerable ante aquellos a quienes implicó. Describe su estado actual como uno de "indefensión legal, personal y familiar".

En mayo de 2024, López buscó un acuerdo con la fiscalía para contar cómo inflaba los costos de los contratos dentro de su agencia para financiar sobornos para los exlíderes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de obtener apoyo para las reformas sociales del gobierno.

Las acusaciones de López se extienden a Carlos Ramón González, un exconfidente de Petro, y Ricardo Bonilla, un exministro de finanzas. Afirma que le instruyeron ofrecer contratos a legisladores a cambio de votos legislativos.

La carta también revela la negativa de López a un soborno de 13,000 millones de pesos destinado a comprar su silencio. Informó la oferta a la fiscalía, afirmando que su compromiso con la justicia superaba cualquier presión financiera.

López no está solo en este embrollo; Sneyder Pinilla, el exsubdirector de la UNGRD, llegó a un acuerdo para una reducción del 45% de la sentencia y se convirtió en el primero en ser sentenciado en el escándalo de desvío de fondos. Por el contrario, el Ministerio Público anunció que Ortiz, acusada de lavado de dinero y tráfico de influencias, ya no puede buscar un acuerdo de culpabilidad.

Concluyendo su carta, López llama a la fiscalía a mantener y defender el acuerdo de culpabilidad y solicita el reconocimiento de su condición de víctima de intentos de soborno. Lanza una advertencia contundente: "Si el estado abandona al primero en hablar, al que rompió el silencio y reveló la verdad, ¿quién se atreverá a contar lo que nadie más quiere oír?"