En un movimiento impulsado por la presión legal, Glovo anunció hace seis meses su intención de reformar el estatus laboral de numerosos trabajadores categorizados como falsos autónomos. Sin embargo, el progreso hacia el cumplimiento de este compromiso parece estancado.

Además, se informa que la empresa ha recurrido a una estrategia de subcontratación para eludir las obligaciones de empleo directo. Según las denuncias presentadas por el sindicato CC OO a la Inspección de Trabajo, Glovo estableció una entidad proxy para facilitar la contratación de estos trabajadores mal clasificados, complicando aún más el problema.

La saga en curso destaca los desafíos que enfrentan las plataformas de la economía gig para abordar los derechos laborales y las complejidades de la clasificación de empleo bajo los marcos regulatorios actuales. Mientras los interesados esperan acciones concretas, el futuro de las relaciones laborales dentro de las economías gig sigue siendo incierto.