La proverbial motosierra manejada por Javier Milei sigue recortando sectores estatales vistos como contrarios a la ideología del gobierno ultraconservador. Por un lado, hay un aumento del presupuesto para la Secretaría de Inteligencia; por otro, las entidades públicas enfocadas en derechos humanos están experimentando severos recortes, despidos de trabajadores y degradación institucional. Notablemente, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina ha sido degradada a una subsecretaría. El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA—ubicado en el antiguo campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada—están perdiendo su integridad estructural y autonomía. De manera similar, el Banco Nacional de Datos Genéticos, diseñado para ayudar a localizar niños apropiados durante la dictadura (1976-1983), enfrenta un destino similar.

Las reconocidas Abuelas de Plaza de Mayo, que aún buscan alrededor de 300 nietos, han levantado alarmas de que estas acciones están llevando al "vaciamiento de la memoria y las políticas de derechos humanos", instando a las comunidades argentinas y globales a intervenir: "Debemos detener la erosión de derechos y el desmantelamiento del estado antes de que sea demasiado tarde y no quede nada."

Desde el ascenso al poder de Milei, su gobierno ha estado sistemáticamente desfinanciando y desmantelando instituciones y políticas de derechos humanos establecidas tras el regreso a la democracia, ganando a Argentina reconocimiento internacional. El presidente Milei y su equipo han cuestionado la cifra ampliamente reconocida de 30,000 víctimas del régimen militar—una piedra angular de la defensa de los derechos humanos—y continúan haciendo paralelismos entre el terrorismo de estado y los actos guerrilleros de los años 70. Además, han criticado el proceso judicial que, desde 1985, ha resultado en la condena de 1,233 perpetradores en 354 juicios—con 14 juicios más actualmente en curso.

El último ataque de la administración al sector de derechos humanos se ejecutó a través de una serie de decretos presidenciales emitidos desde el 21 de mayo. La justificación oficial permanece consistente: reducir gastos y personal. "Menos burocracia, más servicios, mayor responsabilidad y respeto por los recursos argentinos", declaró Federico Sturzenegger, Secretario de Desregulación y Transformación del Estado.

La conversión del área de Derechos Humanos en una subsecretaría implicará, según la Casa Rosada, "recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal", junto con "ahorrar 9 mil millones de pesos anuales [aproximadamente 7.5 millones de dólares]."

El Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA—declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO—dejarán de ser entidades descentralizadas dentro del portafolio de Derechos Humanos, transitando hacia el recién reformado Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. El gobierno afirma haber despedido a más de 400 empleados dentro del sector, y con los cambios inminentes, los sindicatos temen otros 150 despidos adicionales.

El Banco de Datos Genéticos, establecido en 1987 y que mantiene muestras y datos de familias que aún buscan familiares apropiados como niños, ha sido reestructurado bajo el decreto de Milei para convertirse en una entidad no autónoma dentro de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, perdiendo tanto la independencia administrativa como operativa, similar al Archivo de la Memoria y el Museo ESMA.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han expresado profunda preocupación de que los decretos de Milei ponen en peligro la continuidad funcional y la preservación de la documentación de las entidades afectadas. Su preocupación principal, según se expone en un comunicado, es que la falta de personal y financiamiento ralentizará significativamente "los esfuerzos cruciales para localizar los nietos secuestrados durante el terrorismo de estado e investigaciones sobre violaciones de derechos humanos de esa era."

HIJOS, un grupo que representa a los descendientes de los desaparecidos, ha manifestado una postura similar: "Pretenden desmantelar lo que hemos consolidado durante más de 40 años de democracia. Atacan cada fibra de las políticas estatales diseñadas para promover y proteger los derechos humanos, permitiéndonos seguir siendo el país del Nunca Más."

Este viernes, activistas de derechos humanos y trabajadores del gobierno organizaron una protesta contra el nuevo impulso gubernamental. Marcharon por los lugares donde operaba el centro clandestino de la ESMA, llevando una pancarta que proclamaba: "Los derechos humanos no se disminuyen por decreto."