El ambicioso sueño de Colombia de lograr una paz integral, proclamado por el presidente Gustavo Petro al inicio de su administración, ha encontrado numerosos contratiempos. Sin embargo, en medio de estos desafíos, la idea de llevar a cabo negociaciones simultáneas con varias facciones armadas sigue viva en el departamento de Nariño, ubicado en la esquina suroeste de Colombia, compartiendo fronteras con Ecuador y el Océano Pacífico. Esta región se ha convertido en un laboratorio crucial para la paz territorial, donde los delegados del gobierno han asegurado recientemente acuerdos significativos con grupos como los Comuneros del Sur, una facción que se separó de la guerrilla del ELN, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que une a dos facciones disidentes de la antigua FARC que operan principalmente en Nariño y el vecino Putumayo.

Recientemente, el gobierno acordó establecer zonas de ubicación temporales en estos dos departamentos fronterizos para reunir a 120 combatientes del CNEB dispuestos a desarmarse y reintegrarse a la vida civil. La CNEB sirve como una organización paraguas para dos grupos, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, tras una separación de la Segunda Marquetalia a finales de 2024. Durante el quinto ciclo de negociaciones en Tumaco, los delegados acordaron iniciar una Zona de Capacitación Integral y Ubicación Temporal en Roberto Payán, un municipio costero en Nariño, y otra en áreas por definir en el Putumayo. También se hicieron compromisos para actividades de desminado humanitario, la búsqueda de personas desaparecidas y la entrega de materiales de guerra.

Este anuncio complementa los resultados tangibles logrados con los Comuneros del Sur, marcándolos como el primer grupo en entregar armas al gobierno. En abril, entregaron 585 artefactos explosivos, destruidos posteriormente por el Ejército. El presidente Petro incluso asistió al evento en Pasto, la capital departamental, para formalizar estos pasos. Los negociadores han firmado acuerdos que benefician a las víctimas, preservan la memoria histórica, regulan la minería ilegal y reemplazan 5,000 hectáreas de cultivos ilícitos.

Nariño, con 69,000 hectáreas, incluidas más de 30,000 en Tumaco, lidera Colombia en cultivo de coca. La costa del Pacífico sirve como una salida natural para las rutas de narcotráfico hacia México y Centroamérica, apuntando principalmente al mercado estadounidense.

El principio de que "Nada está acordado hasta que todo esté acordado", aplicado con éxito en las negociaciones de paz con las FARC durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), ha evolucionado en Nariño. Ahora, el enfoque involucra diálogo, negociación e implementación simultáneos, según el gobernador Luis Alfonso Escobar. Él enfatiza que el diálogo nacional tenía sentido al interpretar el conflicto donde las FARC eran una estructura monolítica; hoy, las estructuras armadas tienen expresiones regionales, luchando entre sí por ingresos criminales del narcotráfico y economías ilegales de oro.

El núcleo del diálogo con facciones armadas que deciden negociar con el estado es crear condiciones para la transición de economías ilícitas a legales, asegurando seguridad jurídica para los negociadores—actualmente en cuestión—y transformando territorios a través de inversiones de los gobiernos nacional, departamental y municipal. El enfoque está en acelerar inversiones en agua, energía, salud, vivienda e infraestructura. Se están haciendo acuerdos para reemplazar colaborativamente 20,000 de las 69,000 hectáreas de coca en el departamento.

El gobernador Escobar, del gobernante Pacto Histórico, afirma que su administración es el único gobierno departamental que apoya decisivamente la política de paz total mientras enfatiza su expresión territorial. Esto se complementa con la presión del Ejército para combinar seguridad con continuidad del diálogo, a pesar de las dificultades.

Un obstáculo mayor sigue siendo la sombra de la extradición, destacada por el arresto de Andrés Rojas, conocido como Araña, el principal comandante de los Comandos de la Frontera y delegado en la mesa de negociación. Fue detenido inesperadamente por la Fiscalía el 12 de febrero en un hotel de Bogotá, tras un ciclo de negociación, debido a una solicitud de narcotráfico de EE.UU. A la espera de la resolución de la situación de Araña, el presidente Petro recientemente detuvo otra extradición, la de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, el comandante de los Comuneros del Sur. El ejecutivo decidió "suspender la entrega" de Yepes "mientras contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el logro de la paz total," a pesar de arriesgar relaciones tensas con Washington. Como señaló el presidente, las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran un progreso significativo. El marco legal sigue siendo una tarea política pendiente del gobierno.

El gobernador Escobar afirma que los resultados del proceso de paz se miden en vidas salvadas, citando estadísticas que muestran una reducción en asesinatos relacionados con el conflicto (83% en 2024), desplazamiento (16%) y reclutamiento forzado de niños (40%), entre otros. También ve potencial para el diálogo con otros disidentes, como el Estado Mayor Central, avanzando el departamento hacia un cese al fuego multilateral que involucre a grupos armados y no solo al Ejército.

Las diversas estructuras compiten por el control territorial, a menudo luchando entre sí más que contra el estado. "La estrategia gubernamental debería someterlos en asuntos de seguridad para abordar los ingresos criminales, pero hay áreas donde estos grupos tienen acuerdos tácitos de no agresión, permitiendo posible experimentación de cese al fuego bilateral o multilateral," sugiere.