México se prepara para una elección histórica que destaca a nivel mundial por numerosas razones. Solo unos pocos países, como Bolivia y Estados Unidos, seleccionan a sus jueces mediante voto público, y ninguno en una escala tan completa. Este domingo marca la primera ocasión en la historia en la que la población mexicana elegirá a todos los jueces federales y a aquellos en 19 de los 32 estados, sumando casi 2,700 representantes judiciales que darán forma al sistema judicial durante la próxima década. Esta elección, seguida por otra en 2027, significa el salto de México hacia lo desconocido con una complejidad y escala que ningún otro país ha osado intentar.

Inspirado por la experiencia de Bolivia, el expresidente Andrés Manuel López Obrador inició esta ambiciosa reforma antes de dejar el cargo, un legado que ahora lleva adelante su sucesora, Claudia Sheinbaum. Los ojos del continente y del mundo están observando de cerca este evento histórico. El presidente colombiano Gustavo Petro señaló el interés de la región, indicando que la decisión de México refleja un fuerte deseo de cambio, incluso si es controvertido. "Latinoamérica ve que los deseos del pueblo por el cambio no son seguidos por las doctrinas legales", afirmó, destacando la importancia de esta reforma.

En 2013, Argentina bajo Cristina Fernández propuso una reforma similar para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, similar al Tribunal de Disciplina Judicial de México o al Consejo General del Poder Judicial de España. Aunque finalmente fue bloqueada por la Corte Suprema de Argentina, demostró que el enfoque de Bolivia no estaba aislado y resonaba en toda la región. "En Latinoamérica, cuando se busca democratizar el sistema judicial, los gobiernos suelen creer que la forma es mediante el voto", resume Josafat Cortez, politólogo de la UNAM. México ha abrazado completamente este método, uniéndose a un selecto grupo de países con enfoques e impactos variados, incluyendo Bolivia, Estados Unidos, Suiza, Venezuela y Japón.

Bolivia introdujo elecciones judiciales en su Constitución de 2009 en medio de conflictos entre el gobierno y la oposición, similar a la situación de México. En Bolivia, un país centralizado, el voto se aplica solo a los cuatro tribunales estatales más altos, no a niveles inferiores. Estos 26 puestos, incluyendo el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional, entre otros, requieren aprobación legislativa, lo que genera críticas por influencia política.

Desde entonces, Bolivia ha celebrado tres elecciones—en 2011, 2017 y 2024. Durante las dos primeras, la oposición alentó votos nulos o en blanco, que constituyeron el 58% y 67% de las papeletas, respectivamente. "Los expertos aconsejaron no boicotear las elecciones sino fomentar el voto informado, ya que muchas personas problemáticas alcanzaron altos cargos", explica Laurence Pantin del Observatorio de Justicia de Monterrey. En 2024, los votos válidos superaron a los demás por primera vez con un 64%, con una participación del 82%, destacando una tendencia positiva de mayor representación femenina e indígena desde la reforma.

En contraste, las elecciones judiciales de Estados Unidos operan de manera opuesta. Los jueces federales son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, mientras que los puestos a nivel estatal a menudo se deciden por voto público, variando ampliamente según la ley estatal. Alejandro Díaz de Monterrey señala que 38 de los 50 estados eligen a sus tribunales estatales más altos mediante votación, con los estados restantes utilizando nombramientos gubernamentales y confirmación parlamentaria.

Entre estos 38, ocho estados involucran candidatos afiliados a partidos; 14 tienen candidatos no partidarios; y 16 emplean elecciones de retención, similares a Japón, donde los jueces buscan revalidación en lugar de nombramiento inicial. En los niveles de apelación y distrital, la mayoría de los estados utilizan el voto, mezclando sistemas dentro de cada jurisdicción. A diferencia de Bolivia, las mujeres enfrentan más desafíos en el sistema de Estados Unidos, donde los intereses empresariales influyen fuertemente en las elecciones judiciales, dice Díaz.

Japón, con un sistema judicial centralizado como Bolivia, involucra a los ciudadanos solo en la revalidación más que en el nombramiento de jueces. Tras el nombramiento ejecutivo, los jueces enfrentan el respaldo público en la siguiente elección legislativa y cada 10 años después. A pesar de este proceso, ningún juez ha sido removido en 25 ocasiones, señala Óscar Torres, experto en derecho comparado de la UNAM. A pesar de la influencia política, Japón mantiene rigurosos requisitos de candidatura judicial, asegurando competencia mediante exámenes y formación en el Instituto Judicial, preservando la racionalidad, añade Torres.

Suiza y Venezuela, aunque de otro modo diferentes, comparten una elección relacionada con la justicia para "jueces de paz", centrada en la mediación de disputas comunitarias menores. En Suiza, donde los jueces federales son elegidos por el parlamento, este papel es prominente en los cantones, las subdivisiones del país. Venezuela comenzó a elegir estos jueces el año pasado, nombrando a 15,000 funcionarios y suplentes, a pesar de la oposición.

"La elección popular de jueces de paz se justifica por su cercanía a los ciudadanos", explica Torres, enfatizando su naturaleza municipal. Estos jueces históricamente median en conflictos menores, como disputas de propiedad, subrayando que "la justicia implica más que la aplicación de la ley; se trata de resolución de conflictos, que los jueces de paz facilitan significativamente."