El gobierno catalán está seguro de que la región pronto alcanzará los diez millones de habitantes, lo que ha motivado preparativos para los servicios públicos y la infraestructura para acomodar este salto demográfico. Esta visión, expresada repetidamente por la Ministra de Territorio Sílvia Paneque, ha encontrado una resistencia significativa, especialmente por parte de la extrema derecha, que argumenta en contra de la "desnaturalización" del país, impulsada principalmente por la inmigración, bajo el disfraz de preocupaciones de sostenibilidad. La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, desafía al gobierno a reconocer las limitaciones de recursos.

La proyección del gobierno destaca una deficiencia actual en satisfacer las necesidades de la población, con dificultades significativas en el acceso a la vivienda y la fiabilidad del transporte público. Cataluña fue diseñada para seis millones de personas, sin embargo, ahora soporta ocho y anticipa alcanzar pronto los diez millones. Esta cifra fue celebrada en 1987, pero los anuncios recientes de haber superado los ocho millones han sido recibidos con menos entusiasmo.

La pregunta sigue siendo: ¿es inminente la marca de diez millones? Según las últimas proyecciones de población de Idescat, alcanzar los diez millones para 2052 solo es plausible en su escenario más alto, que los expertos consideran improbable. Esto requeriría un crecimiento migratorio intenso sostenido, históricamente impulsado por ciclos económicos y condiciones en los países de origen de los migrantes.

Planificar para el futuro para evitar tensiones en el sistema actual es crucial. El gobierno busca abordar necesidades en salud, educación, vivienda, recursos e infraestructura, con el desactualizado Plan Territorial General de Cataluña de 1995 necesitando revisión. Jordi Terrades del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica enfatiza esta necesidad.

Algunas infraestructuras concebidas en el pasado ahora están completas, sin embargo, el país ha evolucionado rápidamente. Terrades critica el uso de la retórica del decrecimiento como excusa para oponerse a la inmigración, abogando por una fuerza laboral sostenible independientemente de su origen.

La socióloga Mariña Couceiro de la Fundación Cipriano García destaca el papel vital de la inmigración en la revitalización del mercado laboral de Cataluña, contribuyendo al 26% del empleo. A pesar de los desafíos, el impacto económico y social de la inmigración es positivo, con todo el crecimiento neto en población activa atribuido a individuos nacidos en el extranjero.

Jaume Grau de Ecologistas en Acción advierte sobre los límites de recursos y etiqueta algunos argumentos anti-inmigración como "ecofascismo". Él enfatiza la distribución equitativa de recursos para asegurar una vida digna, señalando los desafíos del crecimiento poblacional, particularmente en la vivienda.

El investigador del CED Juan Antonio Módenes subraya la necesidad de que el crecimiento de la vivienda coincida con los aumentos poblacionales, sugiriendo la construcción de 600,000 nuevas viviendas en 30 años. A pesar de los obstáculos, Módenes ve esto como factible.

El transporte sigue siendo un tema urgente, con la infraestructura actual insuficiente para ocho millones de residentes. Joan Carles Salmerón del Terminus-Centre d’Estudis del Transport aboga por una planificación urgente para abordar las necesidades futuras y los desequilibrios territoriales, promoviendo el crecimiento poblacional regional con redes ferroviarias mejoradas.