El reciente fallo de la Corte Suprema ha puesto a más de medio millón de migrantes, que anteriormente tenían estatus legal en Estados Unidos, en una situación precaria. Esta decisión apoya el movimiento de la administración de Trump para abolir el programa de libertad condicional humanitaria que proporcionaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) que huían de condiciones desesperadas en sus países de origen permisos de residencia temporal de hasta dos años. El programa permitió a cientos de miles ingresar legalmente a EE.UU., unirse a la fuerza laboral, inscribir a sus hijos en las escuelas y contribuir a sus comunidades en sectores como manufactura, construcción, hospitalidad, salud e informática. La clausura de este programa no solo marca a estos individuos como "deportables", sino que también arriesga despojar a la economía de EE.UU. de los $5.5 mil millones en actividad económica anual que generan.

Según un informe de FWD.us, desmantelar el programa de libertad condicional CHNV a mitad de camino dañaría severamente la economía, socavaría las inversiones hechas por empleadores que contrataron beneficiarios de CHNV basado en promesas gubernamentales, y perturbaría las vidas de cientos de miles de familias, incluidas muchas de ciudadanos estadounidenses. Se anticipa que el mercado laboral sufrirá una escasez de fuerza laboral, una preocupación que economistas y líderes empresariales han expresado desde que se anunciaron las intenciones de Trump de deportar a más de 13 millones de inmigrantes indocumentados. Datos de la Oficina del Censo, analizados por FWD.us, muestran que al 30 de septiembre de 2024, había 240,000 beneficiarios activos de CHNV contribuyendo al mercado laboral, incluidos 40,000 en manufactura, 30,000 en construcción, 30,000 en ocio y hospitalidad, y otros 30,000 en servicios de salud.

Murad Awawdeh, Presidente y CEO de la Coalición de Inmigración de Nueva York, comentó sobre el veredicto de la Corte Suprema contra la libertad condicional, afirmando, "Este fallo tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de familias y afectará nuestros lugares de trabajo cuando las industrias pierdan repentinamente su fuerza laboral."

En su campaña por minimizar la población inmigrante, la administración de Trump desmanteló sistemáticamente vías legales establecidas por la administración anterior para dar la bienvenida a nacionales extranjeros. La administración de Biden, enfrentando una crisis por un aumento de migrantes irregulares, promulgó la libertad condicional humanitaria para venezolanos a finales de 2022 y para nicaragüenses, haitianos y cubanos a principios de 2023. Esto proporcionó una alternativa legal a los peligrosos viajes involucrando traficantes o travesías peligrosas a través de la selva del Darién. Los solicitantes de la libertad condicional necesitaban un patrocinador en EE.UU. dispuesto a asumir responsabilidad financiera por ellos, generalmente un miembro de la familia con ciudadanía estadounidense o residencia permanente.

Hasta la fecha, aproximadamente 531,000 individuos se han beneficiado del programa: 110,000 cubanos, 211,000 haitianos, 93,000 nicaragüenses y 117,000 venezolanos, residiendo en al menos 27 estados. La implementación del programa redujo exitosamente la migración no autorizada, con los cruces ilegales de frontera desde estos países cayendo de un promedio de 1,231 diarios en enero de 2023 a solo 46 para finales de febrero de 2023, marcando una reducción del 62% en encuentros.

Datos de la Encuesta de la Comunidad Americana manejados por FWD.us revelan que más de la mitad de los beneficiarios ya tenían dominio del inglés, casi todos poseían al menos un diploma de escuela secundaria, y el 63% tenía algún tipo de educación superior. La mayoría de los encuestados (87%) expresó el deseo de obtener la ciudadanía estadounidense en el futuro.

Awawdeh agregó, "Estos individuos se adhirieron a los procedimientos establecidos para escapar de dificultades extremas e inestabilidad en sus países de origen. Sin embargo, de repente, sus vidas y medios de subsistencia han sido trastocados debido a la agenda arbitraria de deportación de una administración."

La libertad condicional humanitaria CHNV se inspiró en iniciativas similares recientes como Uniting for Ukraine, que otorgó residencia a ucranianos que huían de la invasión rusa en 2022. La decisión de la Corte Suprema anula un fallo anterior de un juez de Massachusetts en abril, que había detenido la eliminación ordenada por Trump del programa. El juez del tribunal de distrito argumentó en contra de la terminación general de los permisos de libertad condicional y enfatizó la necesidad de evaluación caso por caso. Esto fue en respuesta a una demanda presentada por algunos beneficiarios del programa contra el gobierno. En su primer día en el cargo, el presidente apuntó a la libertad condicional entre los programas de recepción de migrantes que buscaba terminar por decreto, formando parte de su cruzada anti-inmigración. El 25 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) promulgó este cierre.

La Corte Suprema, con seis de sus nueve jueces que sostienen opiniones conservadoras, no aclaró la razón detrás de abrir camino a la eliminación de la libertad condicional. Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su desacuerdo, con Jackson resaltando la ausencia de cualquier amenaza específica de seguridad nacional o problema de política exterior que surja de honrar las concesiones actuales de libertad condicional mientras se espera una resolución. El caso aún puede proceder en tribunales inferiores.

La seguridad nacional ha sido la justificación más frecuentemente citada por la administración de Trump para cancelar programas de recepción extranjera. La Corte Suprema apoyó aún más este enfoque al permitir la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, otro programa que hasta hace poco permitía la residencia legal de 350,000 individuos.

Estas dos decisiones de la Corte Suprema, que despejan el camino para deportaciones masivas, levantan preocupaciones entre expertos sobre la posible ilegalización de DACA, el programa iniciado por Barack Obama que proporcionó documentación a cientos de miles que cruzaron la frontera de manera irregular cuando eran niños. United We Dream expresó mediante un comunicado que el último fallo de la Corte Suprema "indica claramente que el futuro de otros programas está en grave peligro."