La reciente huelga nacional de dos días en Colombia, respaldada por el gobierno nacional, marca un momento histórico en el panorama de protesta social del país. A diferencia de huelgas anteriores destinadas a presionar al gobierno por aumentos salariales o garantías políticas, esta huelga buscó influir en el Congreso para que aprobara las reformas laborales propuestas por el Ejecutivo o sancionara un referendo público asegurando los derechos de los trabajadores.

Esta protesta emergió como una nueva manifestación de la polarización política de Colombia, destacando el rechazo de la sociedad civil contra el estancamiento legislativo y demostrando el llamado del Presidente Petro a las organizaciones sociales para movilizarse por el cambio. También sirvió como una invitación a los líderes empresariales para participar en el diálogo sobre las reformas demoradas, ampliar los procesos democráticos y reforzar los valores constitucionales.

Las facciones de derecha han desestimado la huelga y el llamado a un referendo como maniobras políticas del Presidente Petro, destinadas a mantener el poder izquierdista en las próximas elecciones de 2026. Para el gobierno, sin embargo, este evento fue un testimonio de su capacidad para impulsar la agenda política y conectar con diversos sectores sociales, uniendo efectivamente a la izquierda democrática, las bases del partido liberal, organizaciones tradicionales, jóvenes, mujeres, agricultores y grupos indígenas bajo la bandera de defender los derechos laborales.

En medio de un trasfondo de miedo derivado de la historia traumática de Colombia, particularmente la agitación social de 2019-2021, la huelga de mayo señaló una ruptura con la violencia. Este período puso a prueba la resiliencia de la democracia colombiana, exponiendo profundas fracturas sociales y la vulnerabilidad de muchos ciudadanos ante la desigualdad, pobreza extrema y corrupción dentro de la clase política.

Durante más de seis décadas, Colombia fue marcada por el conflicto armado interno y la teoría del "enemigo interno", lo que llevó a la demonización de las huelgas por parte de la extrema derecha, asociándolas con la parálisis urbana, destrucción de infraestructuras y caos. Históricamente, las huelgas se vinculaban con violaciones de derechos humanos, detenciones ilegales y violencia contra los manifestantes. También se convirtieron en escenarios para la infiltración de guerrillas, cierres de carreteras y disrupción económica.

La estigmatización de las movilizaciones sociales por parte del estado, a menudo percibidas como influenciadas por grupos como las FARC y el ELN, debilitó a la sociedad civil. Colombia soportó más de un siglo bajo la ley marcial, con el Artículo 120 de la Constitución de 1886 justificando la represión y conduciendo al surgimiento de guerrillas en los años 60.

La Constitución de 1991 abolió este artículo opresivo, reconociendo la protesta pacífica como un derecho fundamental. Sin embargo, los vestigios del concepto de "enemigo interno" continuaron contaminando la gestión de las protestas sociales, dejando de lado el diálogo como medida preventiva. El estallido social de 2019-2021 dejó una huella duradera, con las víctimas inocentes de esas protestas convirtiéndose en una cicatriz nacional.

Un informe de la Defensoría del Pueblo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 7 de junio de 2021, destacó extensos abusos de derechos humanos durante las protestas desde el 28 de abril al 3 de junio. Durante este período, se presentaron 417 denuncias de violaciones de derechos, con 306 implicando a miembros de la fuerza pública, predominantemente de la Policía Nacional.

Este malestar social afectó a 320 municipios en toda Colombia, con 80 muertes reportadas, involucrando varios actores, incluido el ahora disuelto Esmad. La Defensoría del Pueblo corroboró estas cifras, señalando 466 desapariciones. La Fiscalía General confirmó solo 20 homicidios en el contexto de la protesta.

Hoy, el espectro de la violencia pasada parece estar desvaneciéndose. La reciente huelga, a diferencia de sus predecesoras, se caracterizó por la paz, sugiriendo un alto a la barbarie antes común en las protestas. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, algunos ven la situación a través de una lente puramente electoral. Sin embargo, la clave es la democracia fortalecida de Colombia, con la sociedad civil eclipsando a los actores armados ahora aislados por su falta de propuestas para una nación cansada de la guerra.

Calificar la huelga como un fracaso debido a su naturaleza pacífica es prematuro. En cambio, refleja la madurez de la democracia colombiana, la evolución de los líderes sindicales, la capacidad de movilización de los trabajadores, la calma de los líderes empresariales y el aislamiento de los grupos armados ilegales. El Congreso ahora debe responder a las aspiraciones de los trabajadores y revivir las reformas laborales, alineándose con los estudiantes, el gobierno y los ciudadanos que han demostrado su poder tanto en la legislatura como en las calles. Esta protesta asegura que ningún futuro gobierno pueda ordenar ataques a su gente o permitir que grupos ilegales usurpen el liderazgo social. El Congreso ahora reconoce a una población decidida a hacer valer sus derechos.