Las recientes manifestaciones en apoyo a las reformas sociales propuestas por el gobierno del Presidente Gustavo Petro han llevado a un enfrentamiento entre el Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y Fabio Arias, líder de la principal central sindical de Colombia, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El jueves por la noche, Galán anunció su intención de emprender acciones legales contra Arias por admitir que el bloqueo de carreteras y estaciones de tránsito fue una táctica utilizada durante las protestas. Argumentó el viernes que tales acciones no estaban justificadas y no estaban protegidas bajo el derecho a protestar.

Las protestas, organizadas por sindicatos como parte de un paro nacional, incluían planes para bloquear puntos clave de entrada a la ciudad y perturbar el sistema de transporte masivo Transmilenio como método de apoyo al gobierno nacional. La marcha central en Bogotá tuvo baja participación, supuestamente debido a los esfuerzos para evitar que las personas llegaran a sus lugares de trabajo en toda la ciudad. El Alcalde, habiendo derrotado tanto a un candidato respaldado por el gobierno como a un candidato de oposición en las elecciones de 2023, expresó su desaprobación desde el principio, señalando que aunque se realizó una marcha pacífica en el centro de la ciudad, hubo grupos que se centraron en perturbar los derechos de los ciudadanos.

El punto de inflexión para la denuncia legal del Alcalde fue la admisión de Arias el jueves por la tarde, durante un discurso de clausura en la Plaza de Bolívar, de que los bloqueos de carreteras fueron un componente significativo de las protestas. Arias elogió las interrupciones como un éxito, señalando que varios grupos lograron detener las operaciones de Transmilenio, una declaración que desató la indignación en las redes sociales. Por la noche, el Alcalde había declarado que esta admisión era evidencia de la posible responsabilidad legal de Arias, ya que confesó que los bloqueos no fueron incidentes aislados sino una estrategia deliberada.

El Alcalde Galán basó su argumento legal en el artículo 353 del código penal colombiano, que penaliza el uso de medios ilícitos para obstruir el movimiento de las personas con prisión de cuatro a ocho años. Diferenció entre la marcha central legítima de aproximadamente 4,000 participantes y los bloqueos ejecutados por grupos más pequeños en las entradas de la ciudad, que consideró que infringían de manera desproporcionada los derechos de los ciudadanos no participantes. Justificó su postura diciendo que, si bien es normal que las protestas bloqueen áreas como la Plaza de Bolívar, las interrupciones premeditadas del sistema de transporte a horas inusuales cruzan una línea.

Arias contraargumentó diciendo que los bloqueos de carreteras son una forma reconocida de protesta social, respaldada por los protocolos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y un informe de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentó que los eventos del miércoles y jueves nunca pusieron en peligro la vida de otros, que él ve como el umbral para los derechos de protesta. Enfatizó que se permitió el paso de vehículos de emergencia y que los bloqueos fueron temporales.

En 2021, la CIDH había visitado Colombia en medio de un significativo malestar social y concluyó que la sociedad debe soportar un cierto nivel de perturbación por las protestas, que varía con el contexto: "La CIDH enfatiza que es necesario tolerar algunas interrupciones a la vida diaria, como el tráfico y el comercio, para preservar la esencia de los derechos de asamblea pacífica. El 'grado de tolerancia' requerido no puede definirse en términos abstractos y debe ser evaluado por el estado caso por caso."

Partidarios del Presidente Petro, quien tiene una relación tensa con Galán, respaldaron al líder sindical. El Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, acusó al Alcalde de atacar al movimiento sindical, mientras que el congresista alineado con Petro, Alirio Uribe, lo calificó de "autoritario". Incluso críticos del gobierno, como la académica Sandra Borda, exasociada de Galán, instaron a tener precaución contra la criminalización de las protestas, afirmando que, aunque el vandalismo es un delito, no era la intención de estas manifestaciones. Por el contrario, las facciones de derecha de la capital alabaron al Alcalde. El concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático de derecha, expresó su apoyo al Alcalde, insistiendo en que los bloqueos ilegales de Transmilenio deben enfrentar serias repercusiones legales.