El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dado luz verde al gobierno para terminar el programa de permiso humanitario, que proporcionaba residencia temporal a medio millón de migrantes de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela. Este movimiento responde a una solicitud urgente de la Administración Trump, dejando a los beneficiarios sin protección contra la deportación.

Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor se opusieron a la decisión, advirtiendo que la mayoría pasó por alto las "consecuencias devastadoras" para aquellos que residían legalmente en el país.

El permiso humanitario fue diseñado por la Administración Biden para frenar las entradas ilegales y proporcionar refugio a migrantes que escapaban de condiciones extremas. Los beneficiarios necesitaban un patrocinador en Estados Unidos para poder ingresar.

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