El juez de Catarroja, Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, está intensificando su investigación sobre la alerta masiva retrasada enviada por la Generalitat el 29 de octubre. Esta alerta estaba destinada a informar al público sobre la gravedad del desastre de la DANA. La jueza Ruiz Tobarra ha solicitado información al Departamento de Emergencias sobre los empleados responsables de redactar y autorizar el mensaje, que llegó a los teléfonos a las 8:11 PM, momento en el cual ya se habían acumulado fallecidos, personas desaparecidas e individuos atrapados en plantas bajas y garajes. Ella cree que si la alerta se hubiera enviado antes y con instrucciones más claras, se podrían haber salvado vidas. En total, el desastre de la DANA resultó en 228 muertes y una destrucción generalizada en la provincia de Valencia.

Siguiendo una solicitud del partido político Ciudadanos, actuando como acusador popular en el caso, la jueza también ha pedido a la Generalitat que aclare la formación de estos empleados e identifique a aquellos que trabajaron durante el trágico día.

Este escrutinio sigue al testimonio de Miguel M., el jefe de Emergencias que aprobó la alerta móvil. Él testificó que la Generalitat consideró enviar la alerta a las 6:36 PM, más de una hora y media antes de que realmente se despachara, basándose en una sugerencia de Jorge Suárez, el subdirector regional de Emergencias. Esta declaración entra en conflicto con la de la exministra de Justicia e Interior Salomé Pradas, quien testificó que la alerta solo se consideró después de las 7:00 PM.

Una vez más, la jueza ha rechazado solicitar datos de los teléfonos móviles de los dos ex altos cargos de la Generalitat implicados en el caso: Pradas y su entonces adjunto, Emilio Argüeso. Esta fue una demanda realizada por la Acció Popular del País Valencià, otro acusador popular en la investigación.