La decisión del Juzgado de Instrucción Número 9 de Valencia marca un punto de inflexión significativo en los procedimientos legales en torno al trágico incendio en Campanar que resultó en la pérdida de diez vidas. El tribunal ha determinado que el incidente no presenta elementos criminales, optando así por un sobreseimiento provisional de los cargos.

Se han realizado extensos esfuerzos investigativos, revelando la naturaleza accidental del incendio. El minucioso examen del tribunal no encontró evidencia que apuntara a individuos conocidos o desconocidos que pudieran ser considerados responsables de alguna actividad criminal deliberada o negligente relacionada con el evento.

El fallo del juez, que puede ser apelado en un plazo de tres días, articula que el desafortunado suceso, que ha alarmado profundamente a la comunidad valenciana, fue puramente accidental, careciendo de cualquier acción humana que justificara la iniciación de un caso penal.

El documento judicial de 23 páginas detalla el proceso investigativo, centrándose en tres áreas clave: prevención, extinción e investigación detallada. Esto involucró aproximadamente treinta testimonios de testigos y el análisis de numerosos documentos, incluido un informe de la Unidad Científica de la Policía Nacional.

El informe crucial identificó el origen del incendio dentro de un refrigerador ubicado en la cocina de la unidad 86 en el octavo piso del edificio en la Calle Poeta Rafael Alberti. El material utilizado en la fachada del edificio, clasificado como M1 (combustible/no inflamable), se encontró conforme a los estándares legales actuales, sin signos de negligencia por parte de técnicos privados y municipales o sus proveedores.

En cuanto a los esfuerzos de extinción de incendios, el juez afirmó que las acciones tomadas por el departamento de bomberos de Valencia cumplieron con los protocolos establecidos, respondiendo de manera efectiva a las circunstancias que se desarrollaron.

Además, el fallo hace referencia a decisiones de la Audiencia Provincial de Valencia, que respaldaron los juicios iniciales del tribunal de Instrucción. En última instancia, la investigación no proporcionó ninguna base legal para atribuir culpabilidad a ninguna de las partes involucradas en la construcción del edificio o en las secuelas del incendio, reforzando la conclusión de una causa accidental.