Un juzgado en Leganés, Madrid, identificado como el Juzgado Nº 6, ha iniciado una segunda investigación judicial respecto a exfuncionarios de alto rango de la administración de Isabel Díaz Ayuso. Estos funcionarios están directamente involucrados en la gestión de residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid, según informó Marea de Residencias.

Previamente, el 26 de marzo, la declaración de los tres funcionarios del gobierno de Ayuso fue suspendida en otro caso relacionado con residencias de ancianos. Este caso fue abierto en el Juzgado Nº 3 de Plaza de Castilla en Madrid debido a problemas de procedimiento, específicamente la falta de información completa del caso. Las tres personas involucradas fueron Carlos Mur, quien firmó los protocolos controvertidos, Javier Martínez Peromingo, el geriatra responsable de redactar estas directrices, y Antonio Burgueño, un asesor de salud.

En este segundo caso, Alberto Reyero, el exministro de Políticas Sociales que destacó la discriminación que enfrentaron los residentes desde el inicio de la pandemia, está programado para testificar el 3 de junio. El mismo día se escucharán los testimonios de Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y Antonio Burgueño, quien fue nombrado en marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso en la lucha contra la pandemia.

La asociación ha confirmado que Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, junto con Pablo Busca, el exdirector de SUMMA 112, y el geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa, han sido formalmente imputados en el proceso.